Sep 9, 2015

Flexibilización de la legislación laboral por Lic. Julian Serulle

Flexibilización de la legislación laboral
Julián Serulle

Parece ser que mis pensamientos e ideas se mezclan con la esperanza y la frustración. Confieso que, con gran interés y tesón, lucho para que la frustración no se adueñe de mi vida, razón por la cual, cada segundo del andar lo dedico a pelear contra el tiempo, en el interés de vencer los vicios que el sistema capitalista nos impone, en particular: el individualismo, el consumismo, la corrupción, la pérdida del principio de la solidaridad y, de derechos sociales; a su vez, contra el parasitismo sindical, ante el “yo ísmo” de muchos de sus cuadros, como el recelo a la toma de conciencia por parte de los trabajadores a través de la educación, impidiendo que, en el mañana, se constituyan en auténticos y reales dirigentes sindicales.

Con el alto sentido de alimentar la toma de conciencia en hombres y mujeres de la tierra que me vio nacer, cito a Jean Jaurés, político socialista francés, asesinado el 31 de julio de 1914, tres días antes del inicio de la Primera Guerra Mundial: “Saludamos con el mismo respeto a todos los héroes de la voluntad. La historia (incluso concebida como el estudio de las formas económicas) no dispensará nunca a los hombres de la valentía y la nobleza individual. El nivel moral de la sociedad del mañana estará definido por la altura moral de las conciencias de hoy. Poner como ejemplo a todos los combatientes heroicos que, desde hace un siglo, han tenido pasión por una idea y han sentido un sublime desprecio hacia la muerte es hacer una labor revolucionaria”.

Hoy, luego de 44 años en el ejercicio profesional, envuelto en luchas y acciones en pos de los derechos y reivindicaciones de los “descamisados”, como bien bautizó Eva Perón a los trabajadores del campo y la ciudad, me resulta complejo examinar todo cuanto guarda relación con la modificación del Código de Trabajo, sintiéndome algo así como Sísifo: empujando la roca una y otra vez colina arriba, para, acto seguido, verla rodar colina abajo. Esto me ha llevado a un claro interés y curiosidad por las nuevas ideas económicas y financieras como aquellas del pasado, encarnadas, en particular, por Ricardo, Adam Smith, John Kenneth Galbraith, sin dejar de recordar a Carlos Marx, finalmente, llegando en nuestros días al Premio Nobel Joseph E. Stiglitz.

Lo dicho, nos lleva a comprender que la economía ha experimentado una trayectoria sinuosa, escalando hasta cumbres desconocidas y desplomándose con la misma celeridad, dejando a su paso una recesión de escala mundial. Jeremy Rifkin, en su afamada obra “El Fin del Trabajo”, trae a colación que, incluso en la cúspide del ciclo económico, el desempleo estructural se mantiene en niveles sumamente peligrosos, y esto a pesar del aumento de la productividad mundial y del producto interno bruto. En 1995, se registraba que en el mundo 800 millones de personas estaban sub- empleadas o en desempleo. Y seis años después, en el 2001, más de mil millones de personas se inscribían en una de esas dos categorías.

Los terremotos que sacudieron las bolsas de valores durante el septiembre negro del 2008 aumentaron los males propios al capitalismo y pusieron fin, en cierto sentido, a las bondades exhibidas del capitalismo. La arquitectura financiera internacional se vio fuertemente resquebrajada, y aún los riesgos de mayores sacudidas del sistema están latentes. En ese contexto, es posible que las cosas no se vuelvan a ver como antes.

EL ESTADO, COMO MAL O SOLUCIÓN

Esa crisis la encontramos en los Estados Unidos de América y se ha expresado, de una forma u otra, en casi todos los países de Europa, con muy pocas excepciones, como ha sido el caso de los países nórdicos.

Transcurridos ocho (8) años de aquel septiembre negro que provocó el desplome de Wall Street, algunos economistas consideran, con razón o sin razón, que ese fenómeno de la esfera financiera fue algo similar a lo ocurrido en la geopolítica cuando se produjo la caída del Muro de Berlín. Lo definen como un cambio del mundo y un giro copernicano. Así, por ejemplo, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, afirma: “Esta debacle es para el capitalismo lo que la caída de la Unión Soviética fue para el comunismo”.

En la época del Presidente Ronald Reagan se estimó que el Estado “no es la solución, es el problema”. Durante 30 años, los fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía razón, y afirmaron luego que la globalización era sinónimo de felicidad y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso terrenal para todos. Se equivocaron.

La llamada globalización llevó a la economía mundial a tomar la forma de una economía de papel, virtual, inmaterial.

La situación planteada, la cual es el resultado de la ambición desmedida de los grupos del poder económico y político en las entrañas de los países capitalistas de Occidente, nos lleva a encontrarnos con millones de trabajadores, desde los Estados Unidos de América pasando por Francia, Italia, Grecia, países del Este de Europa y llegando hasta España, que se encuentran hoy sub-empleados o desempleados, y que albergan escasas esperanzas de obtener un empleo a tiempo completo.

Históricamente han engañado aquellos que consideraban o consideran aún que el mercado era o es más sabio que el Estado. Entre esos apologistas del mercado se encuentran altos líderes empresariales y personas que fueron electas en altos cargos por el mismo pueblo. Ellos declaraban con euforia que los Estados Unidos y España habían resuelto sus problemas de desempleo y, con orgullo y arrogancia, nos presentaban sus estadísticas, las cuales presentaban un descenso del 6 % en enero de 1994 al 4% en enero del 2000, circunstancia que llevó a algunos economistas a alardear de que el desempleo era cosa del pasado.

Cuidado si nos seguimos engañando y buscamos o pretendemos ignorar que los países más desarrollados del mundo continúan sufriendo el malestar de un elevado desempleo crónico.

En ese contexto, me surge la siguiente pregunta: ¿Cuál será el futuro del trabajo, si hacemos hincapié en las lecciones que se desprenden de los tumultuosos acontecimientos económicos de los últimos años? Sin dejar de lado el hecho de que la humanidad posiblemente se encuentra en la antesala de una Tercera Guerra Mundial, y para vislumbrar una perspectiva de tal naturaleza sólo basta observar cuanto acontece en el Medio Oriente, Ucrania, Asia del Este, en distintos países del África, y los afanes de grandes potencias en su desmedida búsqueda de controlar mercados, recursos naturales y, por qué no, dominar territorios y regiones completos. Se habla incluso de un retorno a los tiempos de lo que fuese llamado “Guerra Fría”.

Las voces críticas contra las políticas económicas de los gobiernos, como expresión de la preocupación que existe en importantes estamentos de la sociedad por el elevado índice del desempleo, los impuestos, los intricados regímenes reguladores y onerosos sistemas del bienestar, hechos que para algunos sólo perpetúan el estancamiento económico, forman parte de una batalla ideológica encarnizada sobre sí se deben reformar las normas que regulan el empleo, el comercio y la industria y, en caso afirmativo, de qué modo.

Mientras los políticos, empresarios y líderes sindicales discuten asuntos relativos a la creación de una política laboral flexible, la reducción de los impuestos y la reformulación de las leyes que regulan las prestaciones y pensiones del Estado del Bienestar, sigue sin abordarse, en el debate sobre la política estatal, la verdadera causa del desempleo.

Al respecto, el señor Jeremy Rifkin, se permite afirmar: “Si la clave de la creación de nuevos empleos radicara sólo en la aplicación de dichas reformas los Estados Unidos deberían contar con un empleo robusto. Al fin y al cabo, en ese país se han realizado casi todas las reformas que otros países intentan aplicar ahora. Pero los trabajadores estadunidenses –y por ende también los de casi todas las restantes economías nacionales del mundo – viven tiempos difíciles”.

Mientras nosotros recurrimos a la auto masturbación, buscando respuestas sobre la procedencia o no de flexibilizar la legislación laboral, dejamos de lado que la economía mundial experimenta un cambio radical en la naturaleza del trabajo, con profundas consecuencias para el fututo de la sociedad. En la era industrial, la mano de obra humana masiva trabajaba junto con las máquinas para producir bienes y servicios. En la era del acceso a las máquinas inteligentes en forma de software, ordenador, robótica, nanotecnología y biotecnología, estos instrumentos sustituyen progresivamente la mano de obra humana en la agricultura, la industria y el sector servicios. Las granjas, fábricas y muchas industrias de servicios se automatizan a gran velocidad. Cada vez el trabajo físico y mental es más desarrollado por las maquinas inteligentes del siglo XXI, ahora más asequibles y eficientes, puesto que desarrollan desde tareas nimias, repetitivas hasta el trabajo profesional sumamente conceptual. Los trabajadores más baratos del mundo probablemente no serán tan baratos como la tecnología que llega en línea para sustituirlos.

En estas circunstancias científico-tecnológicas, se hace de imperativa obligación estar conscientes de que a mediados del siglo XXI el ámbito comercial tendrá los medios y la capacidad organizativa necesarios para proporcionar bienes y servicios a una creciente población humana utilizando sólo una mínima parte de la mano de obra empleada actualmente. En el año 2050, por ejemplo, es posible que sólo se necesite el 5% de la población adulta para dirigir y manejar el sector industrial tradicional. Las granjas, fábricas y oficinas manejadas casi sin personal será la norma en todos los países. No volveremos a ver a miles de trabajadores saliendo de las puertas de las fábricas y centros de servicios como sucedía en el siglo XX.

De hecho, millones de trabajadores ya han sido eliminados de los procesos económicos, y ya una gama bien amplia de empleos específicos han sido reducidos en importancia, o bien reestructurados, o han desaparecido.

La idea de que la innovación tecnológica estimula el crecimiento y el empleo de forma perpetua se ha topado con una fuerte oposición a lo largo de los años. En su primer volumen de El Capital, publicado en 1867, Karl Marx argumentaba que “los fabricantes intentan continuamente reducir los costes laborales y obtener un mayor control sobre los medios de producción mediante la sustitución de seres humanos por equipos, siempre y cuando les fuese posible. Los beneficios de los capitalistas no solamente proceden de una mayor productividad, de una reducción en los costes y de un mayor control sobre los puestos de trabajo, sino también de la creación de un amplio abanico de trabajadores desempleados, disponibles, cuya capacidad de trabajo potencial esté en condiciones de ser utilizada en algún otro lugar de la economía”.

Con esta política de sustituir a los trabajadores por las máquinas, o sea producir la eliminación directa del trabajo humano del proceso de producción y mediante la creación de un ejército de reserva formado por desempleados cuyos salarios podrían ser constante y permanentemente reducidos, los capitalistas podían estar inconscientemente cavando su propia tumba, puesto que serían cada vez menos los consumidores con suficiente nivel adquisitivo para comprar sus productos.

Me permito recordar a Henry Ford, quien sugirió que los trabajadores fuesen pagados lo suficiente como para poder comprar los productos que las empresas producían. Si no, se preguntaba, ¿quién comprará mis vehículos? Sus colegas empresarios decidieron ignorar esta recomendación. De la misma forma actúan hoy muchos de nuestros empresarios ante la sugerencia hecha por el Presidente de la República, Licenciado Danilo Medina. En efecto, se tapan los oídos en vez de favorecer el alza de los salarios de los trabajadores, lo que redundará a favor del incremento del consumo para bien de la producción nacional y por un mundo más decente para aquellos que tienen la suerte de ser beneficiados por un puesto de trabajo.

Justo a las puertas de la nueva aldea global de base tecnológica, encontraremos un creciente número de seres desesperados y sin futuro, muchos de los cuales se ven obligados a delinquir, colaborando así a la creación de una vasta subcultura criminal. La nueva cultura fuera de la ley está empezando a plantear una seria e importante amenaza para la capacidad de los gobiernos a la hora de mantener el orden y de garantizar la necesaria seguridad de sus ciudadanos.

El aumento de la productividad supone que pueden producirse más bienes y servicios con menos mano de obra humana. En consecuencia, la cuestión que siempre se plantea es de si debe reducirse la jornada laboral o disminuirse la mano de obra para adaptarse al aumento de la productividad. En otras palabras, ¿qué preferimos: más ocio o más desempleados? Durante más de cien años, la sociedad prefirió continuar reduciendo la jornada laboral e incrementar el salario y las prestaciones sociales con cada progreso de la productividad.

Sigo escuchando a determinados representantes de los empresarios sobre la necesidad de aumentar la jornada de trabajo y dejar de lado todo pago por concepto de horas extras. Muchos de nuestros empresarios olvidan que todo país necesita crear un mecanismo formal que vincule el aumento de la productividad con jornadas laborales cada vez más reducidas; ahí está el caso de Francia con 35 horas a la semana y se paga en base a 39 horas. Una jornada semanal más corta significa que es posible mantener empleados a más trabajadores.

Cuando se habla de reducción de la jornada semanal, los gobiernos deben compensar a las empresas liberándolas de los impuestos sobre la remuneración u otros gravámenes fiscales, en proporción directa a los gastos realizados en la reducción de la jornada laboral. Se puede afirmar que los Estados perderán ingresos inicialmente, pero al final los recuperarán. En consecuencia, el aumento de la población activa supone una menor dependencia del Estado del Bienestar, más salarios, más consumo, mayor ahorro e inversión personal, y un número superior de la población empleada, lo que coadyuva a ampliar los ingresos públicos, a través de los impuestos sobre la renta y la transferencia de bienes y servicios.

He hecho referencia a un libro extraordinario que lleva por nombre EL FIN DEL TRABAJO, escrito por JEREMY RIFKIN. El autor afirma que si los empresarios pudieran elegir, preferirían una plantilla adaptable a las necesidades de cada momento. Este es el objetivo último de la llamada “política de mano de obra flexible”. De esta forma, desde la perspectiva del mercado, es razonable el empleo de recursos humanos sólo cuando se necesitan. Sin embargo, el problema es que, desde el punto de vista de la sociedad en general, tal política causaría estragos sociales. Los trabajadores no son un factor más de producción. Tienen familia que alimentar y planes de futuro.

Nos causa sorpresa oír a muchos de los empresarios hablar de política de horario flexible, pero jamás hacen referencia a la seguridad y las necesidades de los trabajadores. Esta aptitud hace recordar la expresión en francés: Après moi, le déluge (Después de mí, el diluvio).

La era industrial puso fin al trabajo esclavo. La era del acceso a las nuevas tecnologías acabará con el trabajo asalariado masivo. La cuestión es qué hacer con los millones de jóvenes que cada vez serán menos necesarios en una economía global progresivamente automatizada.

¡No! Quiero oírlos recapacitando, quiero escucharlos, reflexionar sobre sintaxis y formas específicas de hablar para comprendernos mejor, para procurar una vida larga. Esto demanda una estabilidad conceptual. No como hacían algunos señores de zona franca, que poniendo en práctica la llamada “Liquidación Periódica”, mediante lo cual se llevaba a cabo el proceso de liquidación de los trabajadores. Primero se hacía cada dos meses y veintinueve días, y después se dieron cuenta que esto no les convenía y lo subieron a cinco meses y veintinueve días y, por último, a once meses y veintinueve días. Enseñaban su disciplina, su metodología, y entonces en diciembre los dejaban sueltos para que la competencia se los llevara. Es una mentalidad totalmente arcaica, atrasada.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO LABORAL

Hoy, se nos convoca para hablar y escuchar sobre cómo y dónde está llamado a ser modificado el Código de Trabajo. Sin embargo, no nos damos cuenta de que la respuesta no está en lo que diga un código, o en lo que diga una ley. La respuesta está más allá. Esa respuesta tiene que buscarse en el orden y sistema económico vigentes, en cuanto guarda relación con la transformación de figuras arcaicas. Todo dependerá en gran medida del concepto que se tenga sobre la ciencia, la tecnología, la automatización; sobre quiénes deben involucrase y cómo deben ser preparados para poder involucrarse con esa alta tecnología. De lo que se trata es de buscar respuestas en todo cuanto guarda relación con la producción, con el mercado, la competencia y la mano de obra calificada. Por otra parte, en lo que respecta a la estabilidad contractual, debemos avanzar en todo lo relacionado al salario digno y al auténtico régimen de la Seguridad Social en pos de proteger al ser humano desde el vientre de la madre hasta la muerte, sin dejar de lado un auténtico y real sistema de educación.

Con el término flexibilidad laboral se suele aludir a la alternativa de que las empresas obtengan más posibilidades de reducir los costos asociados a la contratación y ruptura de los contratos de trabajo, así como al logro de mayores libertades de gestión en materia laboral, que puedan adecuar indiscriminadamente el tiempo y el lugar de trabajo, cambiar las funciones desempeñadas por los operarios y, en general, ampliar las posibilidades para modificar las condiciones de trabajo según convenga al mejor desenvolvimiento de la empresa.

Con esta terminología, se plantea, además, una visión crítica de las normas jurídicas sobre el trabajo asalariado, a las que se exige facilitar la cada vez más necesaria adaptabilidad empresarial en un contexto de permanente aumento de competitividad. Por eso se habla una y otra vez de la flexibilidad como buena receta para mejorar el desempeño empresarial y la creación de empleos. Esto tendría simplemente como consecuencia que el derecho colectivo de trabajo se deje de lado, restringiéndose de esta forma el derecho a la sindicación y constituyéndose la negociación colectiva en simple quimera.

La flexibilidad es sinónimo de política de ajuste empresarial para obtener más trabajo por menor costo. Podríamos preguntarnos: ¿Permite este tipo de flexibilidad laboral la creación de más empleo? No.

No podemos ignorar que la flexibilidad laboral o desregulación del mercado de trabajo hace referencia a la fijación de un modelo regulador de los derechos laborales que elimina trabas y regulaciones para contratar y despedir trabajadores por parte de las empresas y organizaciones privadas. La misma está relacionada a las medidas de regularización del mercado laboral en lo referente a la libertad de contratación y el contrato individual de trabajo. Esto con miras a flexibilizar los mecanismos logrados por los convenios y resoluciones provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por los sindicatos en el siglo XX, esperando con ello mantener el crecimiento de todo el sector privado.

De acuerdo con los partidarios de aumentar la flexibilidad laboral, esta permite ampliar las oportunidades a las empresas y a las personas en el mundo globalizado donde las estructuras rígidas y las legislaciones abultadas y complejas constituyen obstáculos a ser superados. Esto último en pos de una mayor libertad para la población económicamente activa. Sin embargo, diversos economistas, tales como el premio Nobel Joseph Stiglitz o el economista institucionalista Ha-Joon Chang, han criticado el concepto de flexibilidad laboral aludiendo que el mismo representa un eufemismo por inseguridad o mutualidad del puesto de trabajo, y niegan que en todos los casos tenga el efecto positivo que le atribuyen los partidarios de la misma.

La obtención de más libertades empresariales para usar y desechar el trabajo, se ha revelado insuficiente para la promoción del empleo. Lo que se obtiene en realidad no es más empleo, sino una mayor inestabilidad en éste. Así, los empleos estables se vuelven inestables y aumenta la oferta de ocupaciones con salarios bajos y variables, adaptados a las necesidades de los negocios.

En este caso, se obtiene que más personas se empleen en los tiempos de bonanza económica, pero a costa de destruir fuentes estables de empleo, las que se transforman en temporales e inestables, y que estén destinadas a terminar en cuanto la actividad económica decaiga.

Los defensores de la flexibilización, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), no se detienen a pensar en el hecho de que vivimos en un país donde la mano de obra no es calificada, por lo que el desempleo no se considera simplemente como una pérdida de recursos, sino también como algo que socava la autoestima del individuo y conlleva a un conjunto de consecuencias sociales no deseables – incluida la violencia, la que por cierto estamos viviendo a diario.

En el contexto actual, se busca establecer un conjunto de ideas que tengan como común denominador introducir una adaptación respecto a lo que fue considerado como el tradicional esquema que normaba el trabajo asalariado, el cual se presentaba como estable y de duración indefinida.

Muy poco se habla de política de reingeniería, de aumentar el conocimiento y de procurar una justa adaptación a los cambios tecnológicos, científicos, dinámica productiva, valor agregado a nuestros productos agrícolas y mercado. No se habla del derecho que asiste a los trabajadores en adecuar su jornada laboral para asistir a cursos de formación profesional, a sabiendas de que el tiempo destinado a la formación sea considerado como jornada efectiva de trabajo. Al respecto la OIT se ha pronunciado mediante la “Recomendación sobre la orientación profesional y la formación profesional en el desarrollo de los recursos humanos” del año 1975.

La inestabilidad contractual, el salario bajo, la pérdida de derechos sociales y, por ende, la disminución en el poder adquisitivo, la inestabilidad y la pérdida de sueños ante una pensión pírrica o inexistente, son elementos que se constituyen en el epicentro de una situación social insostenible. Todo se vuelve como un volcán en erupción, creador en lo social, por las precariedades, hambruna, desesperación de padres al ver a sus hijos lanzados a las calles ante la inestabilidad reinante en el hogar, en una violencia sin control… Este volcán social se agrava en su erupción por los bajos niveles de consumo y de producción nacional, y en la falta de productos de primera necesidad. Todo esto como resultado directo de la pérdida creciente del poder adquisitivo de la población.

Tras la cuestión de una política de empleo, se busca la respuesta en el uso de las tecnologías, dejando de lado los imprevistos que se plantean a través del desarrollo de las tecnologías informáticas. Partiendo de este hecho, de naturaleza tecnológica, se abren nuevas perspectivas para países como la India o algunos Estados de Europa del Este. De ahí, que esta tendencia pueda llegar a acentuar aún más la marginación de los países menos desarrollados.

El contraste de percepciones entre los países del mundo industrializado y las naciones en vías de desarrollo puede modificarse si se analizan los verdaderos motivos de los desplazamientos productivos. Sus principales vectores son las empresas multinacionales. Estas, en efecto, buscan, de un país a otro, mejorar su rentabilidad financiera, haciendo que entren en competencia los sistemas socio-productivos, aprovechando así las diferencias en términos de salarios, cargas sociales, niveles de productividad laboral, legislación social y de protección del medio ambiente, ventajas impositivas, etc.

Con el fin de atraer a los capitales internacionales, muchos países son impulsados a lanzarse a una feroz competencia, a través de sus “ventajas comparativas”: escaso o nulo respeto de las reglas de protección social y del medio ambiente, violación de derechos laborales básicos… Esta competencia frustra cualquier perspectiva de un verdadero desarrollo económico y social. Esta es una cuestión fundamental para la humanidad, si se tiene en cuenta la amplitud de las necesidades que siguen insatisfechas en el mundo. En realidad, las deslocalizaciones productivas plantean una cuestión esencial: el derecho al desarrollo, así como la mejoría y respeto de las normas sociales y medioambientales en todo el planeta.

Las deslocalizaciones de procesos productivos alcanzan a todos los sectores industriales y de servicios, lo que inquieta a los asalariados de los países desarrollados. Pero estas tampoco aseguran una dinámica económica y social sostenible en los países en vías de desarrollo. Esta contradicción confirma la necesidad de una nueva regulación de las relaciones internacionales.

Este análisis debe, sin duda alguna, integrarse en la estrategia de las fuerzas sociales que militan en la dirección de construir una opción diferente a la globalización liberal, a la estrategia de generar la competencia entre los propios trabajadores.
El sistema capitalista que de forma cíclica se ha visto envuelto en crisis, o que encuentra en su propia naturaleza los elementos fundamentales de crisis cada vez más agudas, que afectan en lo esencial al mundo del trabajo, ha recurrido a soluciones con rostros o características diferentes en el pretendido interés de buscar respuestas al desempleo.

Sobre el particular, veamos lo que se recoge en el ATLAS que nos presenta LE MONDE DIPLOMATIQUE, en su edición española: “¿SEGURIDAD SOCIAL O CARIDAD? La ley sobre el trabajo y la responsabilidad individual, sancionada en 1996 por el presidente William Clinton, transformaba el welfare (Estado de bienestar) y los estilos de vida supuestamente ´asistidos´ del periodo anterior en workfare. Se trataba de ´devolverles el gusto por el trabajo´ a los desocupados, culpabilizados e incluso sancionados por rechazar un empleo, aunque fuera no cualificado e insuficientemente remunerado. De ahí en adelante, las prestaciones quedaron subordinadas a la obligación de trabajar, en las condiciones que fueran. Así se pasó a una ideología y un sistema que crean obligaciones de los pobres con el Estado y no a la inversa” (pág. 109).

En el artículo citado, se señala además: “La ´guerra contra la pobreza´ cedió su lugar ´a la guerra contra los pobres´, en la que la criminalización de la marginalidad y la miseria asume el papel de política social. Mientras que en 1975 el seguro de desempleo en Estados Unidos cubría al 81% de los asalariados que habían perdido su trabajo, en 1995 apenas beneficiaba a uno de cada tres”.

La política de flexibilización, puesta en práctica en algunos países del mundo, ha provocado el desmantelamiento o merma en todo lo que tiene que ver con la garantía en el desempleo como a prestaciones sociales, jubilaciones y beneficios fiscales se refiere.

Siguiendo lo anteriormente establecido, pasemos a observar el caso de un país que en el Medio Oriente es el principal aliado de los Estados Unidos de América: Israel. En este país, los desocupados deben aceptar cualquier trabajo, no importa su baja cualificación o mínima remuneración.

En el campo de las prestaciones sociales, en Israel se ha estado verificando una disminución de los subsidios para personas de edad avanzada, niños, madres solteras e inválidos (ver El ATLAS, Le Monde diplomatique, edición española, 2004, pág. 113). Si observamos lo que ocurre en el mundo de las obligaciones, nos percatamos que la reforma del 2003 redujo las jubilaciones en más de un 30%. Asimismo, la edad de jubilación legal pasó de 65 a 67 años para los hombres, y de 60 a 67 años para las mujeres.

Procede tener en cuenta que el mundo del empleo no se mueve, y el panorama es cada vez mas fragmentado. Sin contar el trabajo doméstico, realizado mayoritariamente por mujeres y no contabilizado en las estadísticas oficiales, ni tampoco el trabajo informal (difícil de cuantificar), la población activa mundial está en ascenso constante, y supera los 3,300 millones de personas.

En el documento antes citado, se recoge lo siguiente: “Las estadísticas de la desocupación descendieron, pero la cantidad de trabajadores pobres está en ascenso en todas partes: en 2004 comprendían entre el 6% y el 8% de los asalariados en la Europa de los Quince, y más del 10% de los trabajadores en Estados Unidos. La situación en los países en vías de desarrollo es aún peor, ya que unos 550 millones de personas ganan menos de un dólar por día”. (Ibid., p. 110). Es importante observar que la precariedad y el trabajo a tiempo parcial se han generalizado.

De manera concreta, manteniéndonos en el corazón del tema que estamos tratando, en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aumenta el número de asalariados “flexibles”, que carecen de protección social y que pueden ser despedidos con facilidad. El trabajo a tiempo parcial literalmente ha estallado (equivale a uno de cada seis empleos en la OCDE), lo que permite a las empresas no pagar los tiempos muertos (espera de clientes, reparación de maquinarias, etc.). Los asalariados pagan el coste, sobre todo las mujeres, la categoría más afectada (tres cuartas partes de los casos), las que en su mayoría aspiran a trabajar más.

Entre las primeras víctimas están los niños: en todo el mundo, casi uno de cada cuatro niños es forzado a trabajar. No faltan al respecto declaraciones que muestran todo lo indigno de esto. Sin embargo, la realidad no cambia.

En la actualidad, reducir el gasto público es la consigna de prácticamente todos los dirigentes del planeta. Los sistemas públicos de protección social están siendo desmantelados en todas partes. No sólo la vida cotidiana se vuelve cada vez más incierta, sino que muchas familias ya no acceden a la atención médica por falta de dinero, y lo más grave es que reaparecen enfermedades consideradas como erradicadas.

La política en pos de la flexibilización laboral y dirigida a la población misma da por resultado menor reembolso de los gastos médicos, jubilaciones a edad más avanzada. Así, las protecciones públicas contra los avatares de la vida (enfermedades, accidentes, vejez, etc.) tienden a restringirse allí donde existían. Esto ocurre tanto en los regímenes financiados con recursos provenientes del empleo y administrados paritariamente (tal como sucede en Alemania y Países Bajos), como en los estatales, sostenidos mediante impuestos (así sucede en el Reino Unido, Italia, y Suecia, por ejemplo) o incluso mixtos (como ocurre en Francia.

Esto se manifestó de forma concreta, entre 1993 y 2003, con la reducción de la porción del PIB destinada a la remuneración del trabajo. En efecto, su caída fue de 10% en los países de capitalismo desarrollado. Como habría de esperarse, la parte volcada a la retribución del capital subió otro tanto. En materia de jubilaciones, esto significó una reducción del poder adquisitivo y un alargamiento del tiempo de trabajo. En los países se asiste a una disminución de las prestaciones médicas, a un aumento de los costes relacionados con la sanidad y a una carencia de recursos para los hospitales públicos.

Sobre el particular, veamos lo que ha ocurrido en tres de las naciones donde se observa una estabilidad económica en el campo de las prestaciones sociales.

ISRAEL. Disminución de los subsidios para personas de edad avanzada, niños, madres solteras e inválidos.

REINO UNIDO. Es obligación para los beneficiarios de un subsidio de padres solteros hacer unas prácticas o aceptar un empleo a tiempo parcial.

ALEMANIA. Fusión de subsidios de desempleo y ayuda social al cabo de un año. El cálculo de los subsidios de desempleo toma en cuenta los ingresos del cónyuge, los bienes inmobiliarios y las cuentas de ahorro de la familia.

En los Estados Unidos de América como en países de Europa, tales como España, Portugal, Grecia, Italia y Francia, a partir de lo que algunos llamaron la gran estafa del 2008, las prestaciones sociales han venido mermando de forma vertiginosa. Por ejemplo, la edad oficial de retiro ha aumentado. En cuanto a la sanidad, la reducción del gasto público es un tema problemático en todas partes y se acelera la marcha del sistema hacia la privatización. Las consecuencias no son sorprendentes: las desigualdades aumentan y en algunos países incluso ha retrocedido la esperanza de vida.

Ante la situación descrita, nos surge las siguientes preguntas: ¿Son los trabajadores los culpables de la crisis en Europa? ¿Son ellos los culpables de lo que está pasando en Grecia, en España, en Italia? ¿Fueron ellos los culpables de la crisis del 2008, del derrumbe de Wall Street, de la banca norteamericana y de muchos países de Europa? ¿O son los trabajadores de zona franca de Santiago los culpables de la caída de esta y sus servicios?

Por lo visto, como los efectos de la llamada crisis recaen sobre los trabajadores europeos y es sobre ellos que el rescate de la economía pretende hacerse, la pregunta debiese formularse, pues, de la siguiente forma: ¿Por qué tienen que pagar los trabajadores europeos y del mundo las consecuencias de una llamada crisis que no está más que relacionada al propio proceso de acumulación y centralización que es propio al sistema capitalista de producción e intercambios, y de la cual han salido sólo beneficiarios aquellos que concentran las principales riquezas del mundo?

No podemos olvidar que las empresas que fueron desde sus inicios instaladas en Zona Franca, recibieron por un tiempo privilegios extraordinarios, como, por ejemplo, el no pago de impuestos a la importación y exportación, salarios bajos, no pago de participación en los beneficios, complicidad por parte del Estado en evitar el ejercicio del derecho a la sindicación.

Se puede afirmar que hay costes sociales relacionados con el paro que las empresas privadas simplemente no toman en cuenta. Si la protección del empleo es mínima, los empresarios pueden despedir trabajadores con un coste bajo o nulo, abonando, en el mejor de los casos, una pequeña indemnización.

Esto que acabamos de decir, se profundiza en los países subdesarrollados, a sabiendas de que en los países industrializados el daño de los desahucios o los despidos es reconocido y en parte mitigado por la red de seguridad de las prestaciones por desempleo. En los países menos desarrollados, los trabajadores parados generalmente no se convierten en una carga pública, ya que rara vez cuentan con esquema de seguro de paro. Pero a pesar de todo, pueden generarse grandes costes sociales, los que se manifiestan en las peores formas, es decir, en criminalidad, violencia urbana, más delincuencia y perturbaciones sociales y políticas.

Muchos se circunscriben en buscar en los trabajadores el coste de producción, como si fuese la receta mágica para abordar las crisis que continuamente se presentan en el mundo de la producción y de mercado.

PACTO DE NACION

Contrario a lo que sostienen los promotores de la flexibilización, debemos tener pendiente que la democracia social era y debe seguir siendo un nuevo orden social y político. Gobiernos respaldados por coaliciones de obreros y campesinos se responsabilizaban de la gestión macroeconómica, la seguridad social y los derechos laborales. Como contestación a la posición de la flexibilización, debemos remontarnos y seguir teniendo presente las experiencias de dos países: Suecia y Estados Unidos de América. Suecia, en sus inicios, dio lugar a la gestión anti-cíclica de la demanda, con la que el gobierno pretendía aliviar la recesión económica. Los gobiernos socialdemócratas fueron más allá, intentando reducir la amplitud y frecuencia de los declives cíclicos en general, como manera concreta de mantener el pleno empleo. Utilizaron la política monetaria para evitar que los precios cayeran o subieran demasiado y la política fiscal (gastos públicos e impuestos) para mantener la actividad económica.

A finales de 1938, representantes del gobierno sueco dieron lugar, junto a la fuerza patronal y a los sindicatos y otras instituciones sociales, a firmar el histórico acuerdo de Saltsjobaden. En efecto, empresarios y trabajadores acordaron gestionar las relaciones laborales de forma centralizada a escala nacional, llevando consigo la aceptación de altos salarios y los beneficios del Estado del Bienestar, política fiscal de pleno empleo y activismo gubernamental en pro de los servicios sociales. Todo esto, por supuesto, no fue gratuito. Se hizo a cambio de la paz laboral (esto es ausencia de huelgas), el mantenimiento del control privado sobre la propiedad y los mercados de capital y la apertura con respecto a la economía mundial.

Al otro lado del Atlántico, una configuración política distinta condujo a resultados parecidos. Una vez llegado a la presidencia, Franklin D. Roosevelt, dio lugar a planes de emergencia, y tras estos produjo en 1933 un “Nuevo Acuerdo” (New Deal), que incluía programas de creación de empleo público, seguridad social y derechos laborales.

El gobierno del Nuevo Acuerdo se concentró en reducir el desempleo y en proporcionar seguridad social a la población, a la vez que fomentaba los derechos laborales.

Tanto en los Estados Unidos como en Suecia, se motivaba la gran unión entre los integrantes de las fuerzas productivas y el gobierno se constituía en el gran modulador, en artífice de la seguridad y la estabilidad. La mayor innovación de la administración Roosevelt en el mercado laboral fue la Ley de Relaciones Laborales de 1935, que estableció un procedimiento para el reconocimiento de los sindicatos y exigía a los patronos negociar con ellos.

El nuevo acuerdo que Roosevelt puso en práctica se basó en el compromiso con la gestión de la demanda, programas sociales y obras públicas a escala nacional y un lugar para los trabajadores en la negociación colectiva y en la política.

La mayoría de los países industriales se movieron en una dirección parecida. En Dinamarca, Noruega, Bélgica y Suiza se promulgaron reformas sociales sustanciales y se organizaron consultas nacionales entre patronos y trabajadores.

El caso más reciente tiene que ver con Irlanda, país que estuvo envuelto en una guerra civil, y dividido también por asuntos de carácter religioso: católico-protestante. Logró firmar la paz, elecciones libres y un gran pacto de nación. Sobre este país, el señor Andrés Oppenheimer, en su obra “Cuentos chinos”, da a conocer lo siguiente: “Esto se llevó a cabo a través de un ´acuerdo social´ entre empresarios y obreros de apostar a la apertura económica, la ayuda europea, la eliminación de obstáculos a la creación de nuevas empresas, la desregulación de la industria de telecomunicaciones, un blanqueo de capitales, cortes de impuestos individuales y corporativos, una fuerte inversión en la educación, y el hecho de que los sucesivos gobiernos del país hubieran mantenido el rumbo pese a los traspiés iniciales. No había otra opción que seguir adelante con la apertura económica, continuar con el recorte del gasto público y bajar las tasas de impuestos corporativos para atraer inversiones extranjeras, por más trauma social que estas reformas causaran durante los primeros años”.

De ahí, que el gobierno decidió que la prioridad del país debería ser un acuerdo con los sindicatos obreros para que aceptaran menores aumentos de salarios a cambio de incrementos futuros, a medida que la economía volvía a crecer.

Todo esto se gestionó sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional, ya que simplemente se llegó a un punto en el cual se determinó que el capitalismo nacional había sido un fracaso porque las élites políticas y empresariales estaban apostando únicamente a las inversiones seguras, o sea en cosas como bienes raíces o terrenos, en lugar de tomar riesgos y crear industrias que generaran empleos. Entonces, posterior a esto, se creó una apertura comercial, es decir, un capitalismo al estilo norteamericano que estimulara el riesgo y premiara a los emprendedores. Los sucesivos gobiernos de Irlanda habían decidido, como política de Estado, cultivar al máximo las relaciones con sus comunidades en los Estados Unidos, especialmente con sus miembros más exitosos del mundo empresarial. Los funcionarios de la embajada de Irlanda en Washington, por ejemplo, conseguían a través de Internet o de registros públicos listas con los directivos de empresas de origen irlandés en todo Estados Unidos, y los contactaban.

Muchos de los capitalistas en la República Dominicana piensan diferente, pues se olvidan de que si la mayor parte de los beneficios se reinvierten, contratan a más trabajadores y se producen más artículos, la demanda aumentará y habrá un mercado más amplio para las mercancías producidas. No es lamentándose, no es llorando, no es guardando su dinero y manteniéndose a la espera del tiempo deseado y las condiciones anheladas. Es caminando a tono con las nuevas tecnologías, la automatización, la ciencia, la mano de obra calificada y, con un concepto claramente definido sobre toda política de competencia y mercado, que se puede dar el salto
Para la década de 1930 fue cuando los gobiernos adoptaron planes de seguridad social, definieron el mundo de la jornada de trabajo, las vacaciones, el derecho a la sindicación, el nacimiento de los convenios colectivos. Muchas firmas vieron que su impacto era relativamente intranscendente. Los capitalistas percibieron rápidamente que en la medida en que todas las empresas tuvieran que contribuir a los programas de desempleos y de pensiones, no se afectaría la competencia. En la comunidad empresarial había incluso quienes pensaban que tales programas serian buenos para sus negocios. Las corporaciones modernas, para las cuales era crucial contar con empleados fíeles y motivados, habían establecido desde hacía tiempo salarios altos y mejores condiciones de trabajo, con el fin de atraer a una mano de obra cualificada. Durante las décadas de 1920 y 1930 muchas de esas firmas constataron que reducir la incertidumbre de la fuerza de trabajo también contribuía a estabilizarla y mejorarla. En el caso nuestro, no se entiende el porqué de las liquidaciones periódicas o la preocupación por concepto de pago de prestaciones laborales cuando tales cargas económicas se ponen a cargo del sistema de la seguridad social liberando al empleador de toda responsabilidad económica, solo basta detenerse la ley 87-01, promulgada el 9 de mayo del año 2001 (con esto no estamos defendiendo dicha ley), nos limitados a recalcar que el norte del empleador debe circunscribirse en dar lugar a la estabilidad contractual y a la reingeniería permanente y constante del trabajador en pos de aprovecharse de la disciplina, de la metodología implementada para el trabajo, la lealtad, el amor a la empresa, la experiencia acumulada y el alto sentido en la calidad de la producción.

La globalización presenta serios problemas, y, en el contexto del capitalismo que se desarrolla, son inevitables. Ahora bien, de lo que se trata es de evitar que esos problemas recaigan sobre los trabajadores y oprimidos del mundo. Ese es el papel de los sindicatos, partidos y gobiernos responsables.

Es conocido el hecho de que la globalización conduce a una desigualdad cada vez mayor en los países subdesarrollados, porque los salarios, sobre todo de los trabajadores no cualificados, se reducen. La disminución creciente de la masa salarial implicará un aumento vertiginoso del desempleo.

Sabemos lo que ha provocado la globalización y el libre comercio. Ese libre comercio permite a los consumidores comprar productos extranjeros baratos. Esto trae consigo una competencia no deseada por los productores autóctonos. Las corporaciones multinacionales aportan nuevas tecnologías y métodos. Con este fenómeno, tal como sucede en una sociedad que persigue el máximo de ganancia y está basada en un proceso de centralización de capitales, se expulsa del mercado a las empresas locales. La deuda exterior permite a los gobiernos gastar más de lo que ingresa al erario. Todo esto puede generar crisis insoportables. Los gobiernos abren las fronteras de las naciones a la economía mundial y proporcionan a algunos ciudadanos la posibilidad de enriquecerse, lo que condena, en los hechos, a muchos ciudadanos a pasar apuros y penalidades.

Todo lo expuesto nos conlleva a reiterar la necesidad inmediata, sin pérdida de tiempo, de establecer, con criterios científicos y objetivos claros, y con una visión auténticamente democrática, de inclusión real, un GRAN PACTO DE NACIÓN.

En ese Pacto de Nación, la formación, la educación técnica y los conocimientos deben constituirse en las herramientas fundamentales.

El caso de la República Popular China es un ejemplo a estudiar. Este país se integró a la Organización Mundial del Comercio con gran retraso. Lo hizo sólo cuando se sintió seguro de que podía insertarse en el mercado mundial sin poner en peligro sus planes de Nación.

Tal como habían establecido los funcionarios chinos, el motor que hace avanzar a los países que progresan en la economía global del siglo XXI no es simplemente firmar acuerdos de libre comercio, sino ser más competitivos.

El ranking se basa en la percepción de los entrevistados sobre los principales factores que atraen las inversiones, como el clima para los negocios, la calidad de las instituciones y los niveles de corrupción.

Gracias a una disciplina fiscal férrea y a una política económica responsable, la calidad de las instituciones públicas, la ecuanimidad de gobiernos en su trato con las empresas privadas, o la incidencia de la delincuencia común en los costos de hacer negocios no ha cambiado las reglas del juego. Entonces, sus propios empresarios, y los extranjeros, apuestan a su futuro. Estos tienen en común el ofrecer previsibilidad, seguridad jurídica y un clima favorable a los inversionistas.

No es posible que, en cada gobierno, se puedan reinventar los objetivos estratégicos del país. La estrategia de desarrollo nacional debe ser duradera, basada en planes estratégicos claves, insisto, sostenidos en el tiempo. Cuán importante es observar que cada vez es mayor el consenso en nuestro país sobre esta cuestión, fundamental para el logro de un destino mejor para toda la nación. Y esto, por supuesto, va de la mano con la necesidad de tener políticas económicas serias y responsabilidad fiscal.

Tal como lo señaló magistralmente Rudiger Dornbush, el fallecido economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), cuando le preguntaron, durante una visita a la Argentina, por qué motivo ese país tenía tantas dificultades: “Los países desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido”. Esto quiere decir que en los países que funcionan, los Congresos actualizan sus leyes periódicamente, pero una vez que lo hacen sus gobiernos las hacen cumplir. En los otros, las leyes son estáticas, pero no necesariamente inflexibles. Mientras no se respeten las leyes y no exista confianza, los países no recibirán inversiones nacionales ni extranjeras, y tendrán que seguir endeudándose para mantener sus economías a flote.

Quizás hemos perdido demasiado tiempo en discutir qué modelo económico seguir, en lugar de cómo mejorar la educación de nuestra gente.

Gran parte de las universidades latinoamericanas son estatales, y los gobiernos no les exigen mucho en materia de control de calidad. Y cuando intentan exigirles calidad, las universidades se resisten escudándose en el principio de la autonomía universitaria.

Para Jeffrey Puryear, el experto en educación internacional del Diálogo Interamericano en Washington D. C., los países con rezagos educativos deberían adoptar tres objetivos básicos: una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos, la aplicación de los estudiantes y un sistema de rendición de cuentas de profesores y directores de escuela.

En varios países se han hecho reformas educativas para incentivar la rendición de cuentas y la evaluación de los estudiantes y sus escuelas con excelentes resultados. De igual modo, en América Latina se consideró prioritaria la cantidad, pero no la calidad.

Los dueños del dinero que circula en los circuitos de la producción y de los intercambios capitalistas deben comprender que la clase obrera fue el principal protagonista de la evolución hacia la democracia social. Los trabajadores no anhelan vivir en un mundo de incertidumbre económica, alimentan el sueño de un gran régimen de seguridad social y de reingeniería permanente en procura de mantener la estabilidad contractual. Esto, por supuesto, hasta que lleguen nuevos tiempos.

Una clase obrera unida ayuda a promover la democracia social, y se erige, a su vez, en factor de estabilidad al desarrollo de las propias empresas y de la economía de una nación.

No tenemos porque dar consejos al capitalismo. Pero sus dueños y promotores deben de estar conscientes de que para mantener el capitalismo global en el siglo XXI, están obligados a combinar la integración internacional con un gobierno políticamente receptivo y socialmente responsable. Los ideólogos actuales con muchos galones – ya sean pro y anti globalización, progresistas o conservadores -, arguyen que esa combinación es imposible o indeseable; pero la teoría y la historia indican que es posible que la globalización coexista con políticas comprometidas con el progreso social, y corresponde a los gobiernos y a los pueblos poner esto en práctica lo antes posible.

Debemos estar conscientes de que la respuesta no la encontraremos en impulsar políticas económicas conservadoras (como la privatización de la seguridad social o el aniquilamiento del derecho colectivo que presenta el Código de Trabajo). Es un error considerar sustraer derechos a los trabajadores o que los mercados, por si solos, puedan conducir a la eficiencia económica.

Debemos detenernos en propugnar el equilibrio adecuado entre sector privado y sector público, así como proponer políticas que promuevan la igualdad y el pleno empleo.

Ese equilibrio debe proporcionar que los ciudadanos reciban ingresos adecuados, dignos. De lo contrario, se encontrarían bajo el manto de la sensación de inseguridad e impotencia. Quienes no tienen empleo se sienten marginados, apartados de la sociedad. Ahora bien, para quienes tienen trabajo, buena parte de su inseguridad surge del riesgo de ser despedidos o de que los sueldos caigan en picada. Basta recordar lo que ocurrió a finales de la década de 1990 en la crisis de Latinoamérica, Rusia y el Este Asiático, en toda Europa y cuanto ocurrió en los Estados Unidos a partir del 2008.

La crisis se profundiza en aquellos pueblos que se deja de lado la presencia del Estado a través del Gobierno Central y se abandona la formalización y desarrollo de un auténtico y real sistema de seguridad social.

En la República Dominicana no contamos con el seguro de desempleo y mucho menos con un auténtico y real sistema de seguridad social, dado que el vigente no es más que parte del mercado privatizado. Estamos a cien años luz de poder ofrecer la asistencia social desde la cuna hasta la tumba.

No hemos sido capaces de pensar en la incorporación de las organizaciones obreras al sistema político, lo que significa consultas organizadas entre los empresarios y los líderes sindicales para gestionar las relaciones en la empresa.

Con la flexibilización seguimos con el pensamiento de la década de los sesenta, nos mantenemos en el pasado. No comprendemos que la respuesta para todos, para cada una de las clases sociales, para cada una de las fuerzas que intervienen en la producción nacional, está en la búsqueda de un Gran Acuerdo o Pacto de Nación: gobierno, empresarios y trabajadores.

No somos opuestos a los cambios, a las transformaciones, a las readaptaciones, así como llega el crepúsculo llega el amanecer, o sea, un mañana, un día con ilusiones y esperanzas diferentes.

En tal sentido, no descartamos una revisión permanente de las instituciones que regulan las relaciones laborales para que, con base en los principios tuitivos que les son propios, se realicen las correcciones oportunas de los trastornos que las afectan, sin que esto traiga consigo la perturbación de los derechos esenciales de los trabajadores en el plano socio-económico y cultural.

CONCLUSIONES

1. El Estado debe erigirse en el ente regulador del Mercado, en el gran moderador de las fuerzas que intervienen en la producción nacional y en el promotor del desarrollo de la inversión nacional y extranjera. De igual forma, debe hacer cumplir y ampliar las conquistas sociales y económicas de los trabajadores.

2. Legislar sobre el régimen del Seguro de Desempleo.

3. Viabilizar la toma de conciencia sobre la importancia del Derecho Colectivo de Trabajo, en particular, el derecho a la sindicación. La aplicación de políticas que viabilicen los Convenios Colectivos, es de suma importancia porque permite la unión de los trabajadores y motiva la toma de conciencia de cuanto guarda relación con la disciplina y el rol que debe desempeñar cada trabajador en la empresa. El sindicato está llamado a constituirse en una escuela que dé conciencia al trabajador sobre sus derechos y obligaciones, y sobre la importancia del desarrollo espiritual y la estabilidad material que la empresa debe garantizarle. Por otra parte, debe incentivar la firma de convenios colectivos, sin ignorar los factores inherentes a cada empresa, desde el capital a la naturaleza de la producción. El Estado debe velar por la aplicación de un sistema especial para las micros y medianas empresas, como en Alemania y Suecia, por ejemplo.

4. El Estado debe propiciar el Pacto de Nación, con el aval de los distintos sectores empresariales y sindicales. Para esto, el Pacto debe contemplar la ejecución de proyectos que dinamicen la producción nacional y fortalezcan el sistema fiscal. Por demás, en cada área de producción y de aquellas que guarden relación con el contexto jurídico-político de los derechos de los trabajadores, es necesario contar con la colaboración de nuestros mejores especialistas

5. Instaurar un sistema de Seguridad Social, que garantice la protección del ser humano, desde la cuna hasta la tumba. En esto, el Estado debe asumir el papel protagónico, a fin de impedir que la Seguridad Social sea privatizada y se constituya en alto coste para la producción en detrimento de las empresas.

6. En cuanto a la educación, nos parece que debemos abandonar los métodos tradicionales, ya superados en modelos más avanzados que el nuestro. Debemos ser más innovadores y creativos. La relación maestros y estudiantes debe llevarse al plano de la participación en la búsqueda del conocimiento. El objetivo de nuestra educación debe ser formar a los técnicos y profesionales del futuro para crear e investigar, y poner los conocimientos al servicio del desarrollo material y espiritual de nuestro pueblo.

Volver a la idea de los politécnicos quizá sea una manera de adentrarnos en la tecnología y en la ciencia, y llenar el territorio de escuelas de arte y bibliotecas sea la vía idónea para elevar nuestro espíritu, tan necesario hoy día.

Muchas gracias.

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